Desarrollo Mesas de Diálogo

En el primer año de Gobierno del Presidente Guillermo Lasso, vimos un compromiso constante de fortalecer la minería legal a través del decreto 151, el mismo que significó un importante apoyo, sin precedentes, para el sector. Esta visión tuvo que ser replanteada tras 18 días de paro nacional que han generado un nuevo desafío para el desarrollo del sector minero con una revisión del decreto 151 en marcha, inicialmente plasmada con la emisión de otro decreto el mismo día que se firmó el acuerdo entre el gobierno y la CONAIE, el decreto 468, en el cual se abrió la puerta a una nueva discusión y, hasta definición de conceptos importantes, como son los territorios ancestrales, las áreas de protección hídrica y las zonas arqueológicas.

Debemos reflexionar también que con el decreto 468, se atenta contra ciertas disposiciones establecidas en la Constitución (art. 57.7, art.313, art.398) y prácticamente se supedita a que la actividad minera esté sujeta a lo que las comunidades locales permitan, lo cual otorga un derecho de veto a las comunidades sobre el desarrollo minero presente y futuro, cayendo en una posible violación a nuestra Constitución.

Todo este debate y cambios en las normativas vigentes deben ser encaminados a que la minería con responsabilidad se fortalezca y se visibilice, no a debilitarla.

Recordemos también que la única forma de combatir la minería ilegal (un problema galopante en nuestro país) es brindando apoyo al desarrollo de la minería legal en el Ecuador, ya que sólo así se pueden tener garantías para cumplir con parámetros de ingeniería, respeto ambiental y responsabilidad social y no de devastación como es lo que genera la explotación ilegal de minerales:

En diciembre del 2021, el Ecuador fue testigo de las graves consecuencias de la minería ilegal al tener que enfrentar un evento de magnitud como fue el cuarto socavón de grandes proporciones que sufrió la ciudad de Zaruma. Este acontecimiento aparentemente marcó un antes y un después en la lucha contra la minería ilegal durante el Gobierno de Guillermo Lasso y evidenció la necesidad de luchar de una manera incansable contra esta actividad fuera de la ley que se ha tornado en una nueva epidemia que busca adueñarse de varios rincones claves de nuestro país.

Tengamos presente que el sector minero legal en el Ecuador representa también un fuerte apoyo para el desarrollo de la economía por su aporte en divisas superando ya los dos mil millones de dólares en exportaciones en el año 2021 y alcanzando ya mil cien millones al 31 de mayo del 2022.

Al momento, operan dos minas a gran escala en Ecuador a plena capacidad de proceso y su aporte establece cifras altas para lograr una de las principales consignas del Gobierno que es la reactivación económica y otras se proyectan a arrancar construcción de mina en este año y el 2023. Por citar un ejemplo importante: una empresa canadiense tiene previsto invertir al menos 408 millones de dólares en el proyecto Loma Larga, si las condiciones legales provistas en una sentencia judicial le permiten entrar en la fase de explotación, siendo la provincia del Azuay una de las principales beneficiarias de esta inversión por su ubicación geográfica.  Ahora cabe la pregunta si se ejecutará dicha inversión o no ante el nuevo marco social amparado en el decreto 468 emitido el mismo día que se suspendió el paro nacional indígena y se firmó el acuerdo de paz.

De igual manera otras empresas con los proyectos Curipamba y La Plata, respectivamente, avanzan en los procesos de aprobación y consulta ambiental encaminados a invertir unos 380 millones en la construcción y desarrollo futuro de sus minas que se ubican en las provincias de Bolívar y Cotopaxi, respectivamente.

El reto del país y del segundo año de Gobierno, es entonces evidenciar con fuertes campañas de comunicación los beneficios que tiene la industria minera en el Ecuador, brindar seguridad jurídica que permita la inversión extranjera en el país y evidenciar las valiosas oportunidades que se esconden en cada etapa del funcionamiento de los grandes proyectos mineros.

No se debe temer al desarrollo, más bien, debemos temer el permanecer estancados en un espiral antiminero que lo único que genera es que la minería ilegal siga imperando sin poder frenarla. Y con el riesgo inminente que trae esta actividad ilícita cuando se contamina con acciones del crimen organizado, tal como ya lo ha denunciado la Policía en eventos recientes.

Ecuador estos meses, después de una fuerte protesta social, ha vivido un escenario adverso y lleno de cambios, por lo cual se debe actuar de manera ágil y eficiente para dar seguimiento a las nuevas acciones y expectativas que se tiene en el sector para que sean puestas en marcha.

La ciudadanía debe estar como el principal observador de este proceso y fomentar que los ministros a cargo cumplan con su obligación de ejecutarlos en el menor tiempo posible. Sólo así casos como haber vivido 18 días de paro nacional, no se repetirán.